Los auditores de la UE ponen en duda la eficacia real de los fondos LIFE

                 El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea                     ha vuelto a cuestionar la efectividad de uno de los principales instrumentos financieros de Bruselas en materia de medio ambiente y acción climática.

En un informe publicado este jueves 11 de diciembre, los auditores comunitarios concluyen que no puede determinarse con claridad hasta qué punto los proyectos estratégicos del programa LIFE están contribuyendo de forma efectiva a los objetivos ambientales y climáticos de la Unión, pese a los miles de millones de euros movilizados en las últimas décadas.

El programa LIFE, creado en 1992, es la herramienta específica de la UE para apoyar la aplicación práctica de sus políticas medioambientales, desde la protección de la biodiversidad hasta la transición energética y la lucha contra el cambio climático. Con el objetivo de reforzar su impacto, la Comisión Europea introdujo en 2014 los proyectos integrados LIFE y, a partir de 2021, los denominados proyectos estratégicos LIFE, concebidos para conectar planes y estrategias formales con su ejecución real sobre el terreno.

Estos proyectos se caracterizan por su enfoque a medio y largo plazo, la implicación de múltiples actores públicos y privados y la obligación de movilizar financiación adicional procedente de otros fondos europeos, presupuestos nacionales o inversión privada. En teoría, su mayor dimensión y duración deberían generar efectos estructurales y duraderos en los Estados miembros.

Sin embargo, el Informe Especial 25/2025 del Tribunal de Cuentas Europeo pone en entredicho este planteamiento. Tras analizar 22 de los 95 proyectos estratégicos puestos en marcha hasta abril de 2025 —cuatro de ellos en España—, los auditores concluyen que “no está claro” en qué medida estas iniciativas están ayudando realmente a construir una Europa más ecológica.

Uno de los principales problemas detectados es la falta de una priorización clara de las necesidades medioambientales y climáticas más urgentes. Según el informe, los proyectos examinados no siempre abordan los desafíos más relevantes a los que se enfrentan los Estados miembros, lo que limita su impacto real tanto a escala nacional como regional. Pese al volumen de recursos movilizados, muchas actuaciones no atacan los problemas más críticos en términos de clima, biodiversidad o gestión ambiental.

El seguimiento y la evaluación de los resultados constituyen otro de los grandes puntos débiles del programa. El Tribunal denuncia que las herramientas de control utilizadas son inconsistentes y no permiten verificar con precisión si los proyectos generan cambios sostenibles en la gobernanza, la gestión pública del medio ambiente o la implicación de las partes interesadas. Esta falta de indicadores homogéneos impide valorar el rendimiento global del programa y su contribución efectiva a las políticas verdes de la UE.

22 proyectos auditados

Especial atención dedica el informe a la financiación adicional que los proyectos estratégicos LIFE están obligados a movilizar. Aunque los 22 proyectos auditados realizaron actividades para atraer recursos complementarios, los auditores subrayan que no existe una metodología normalizada para identificar, cuantificar y supervisar esos fondos. La Comisión Europea, señalan, no proporciona orientaciones claras ni ejerce un control suficiente, lo que hace imposible evaluar el verdadero efecto palanca del programa y reduce la transparencia y la rendición de cuentas de un instrumento que maneja grandes volúmenes de dinero público.

Durante el período presupuestario 2014-2020, el programa LIFE destinó 701 millones de euros a 70 proyectos estratégicos, con una financiación de entre 7 y 16 millones de euros por iniciativa. Entre 2021 y abril de 2025, se asignaron otros 436 millones de euros a 25 proyectos adicionales, con importes que oscilan entre los 10 y los 30 millones por proyecto. En el actual marco financiero 2021-2027, el presupuesto total del programa asciende a 5.400 millones de euros destinados a economía circular, biodiversidad, clima y energía limpia.

En el caso de España, uno de los países con mayor número de proyectos LIFE desde los años noventa —con más de un millar de iniciativas acumuladas—, la Comisión Europea anunció en noviembre la asignación de 44,7 millones de euros para financiar 27 nuevos proyectos. No obstante, el informe no extrae conclusiones específicas por país, sino que apunta a deficiencias estructurales del conjunto del programa.

El Tribunal de Cuentas también detecta carencias en la difusión de resultados y el intercambio de buenas prácticas. Aunque los proyectos estratégicos pretenden servir de modelos replicables para otros territorios, las plataformas de intercambio a escala europea resultan insuficientes, lo que limita la transferencia de conocimientos y reduce el impacto potencial más allá de las regiones directamente beneficiadas.

Otro riesgo señalado es la sostenibilidad de los resultados una vez finalizada la financiación comunitaria. Los auditores advierten de que los planes para garantizar la continuidad de los beneficios a largo plazo presentan deficiencias, en parte por la falta de orientaciones específicas sobre cómo asegurar que las mejoras introducidas perduren tras el cierre financiero de los proyectos.

Transición ecológica europea

“Los proyectos estratégicos LIFE ayudan a las partes interesadas a cooperar y a atraer financiación adicional”, reconoce Joëlle Elvinger, miembro del Tribunal responsable de la auditoría. No obstante, añade que “persisten insuficiencias en la priorización de las necesidades, el seguimiento de los avances y la puesta en común de los resultados”.

A la luz de estas conclusiones, el Tribunal de Cuentas Europeo insta a la Comisión Europea a alinear mejor los proyectos estratégicos LIFE con las necesidades concretas de cada Estado miembro, a establecer criterios claros para medir y supervisar la financiación adicional movilizada y a reforzar las plataformas de intercambio de experiencias. Asimismo, recomienda implicar de forma más activa a las autoridades responsables de las estrategias ambientales nacionales, con el fin de garantizar que los proyectos no se queden en meros ejercicios de gasto público, sino que generen un impacto real y duradero en la transición ecológica europea.